- El Ministro de vivienda y el Fiscal General encargado entregaron estos hallazgos en una rueda de prensa.
A través de una investigación que realizó la Fiscalía General de la Nación, se comprobó que en dos inmuebles en la vereda Puerto Mosquito se extraía agua de manera ilegal mediante la utilización de válvulas conectadas al tubo de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, Essmar.
Por este hecho, el Ministerio Público logró que un juez le impusiera medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, a Pablo Castro, de 59 años y Germán David Paredes, de 60, quienes fueron señalados por conectar, de manera ilícita tubos para extraer el preciado líquido del acueducto de Santa Marta.
Según el ente de control, el pasado 8 de octubre, investigadores de la Sijin de la Policía Nacional ubicaron las construcciones en el sector mencionado, cuya conexión ilegal al acueducto dejaba sin agua a cerca de 44.000 habitantes de la ciudad que sí pagan el servicio.
#AEstaHora importante rueda de prensa sobre operativo #Fiscalía y #Sijín @PoliciaColombia contra el contrabando de agua del acueducto de #SantaMarta https://t.co/hBWaonTFMk
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2019
En el primer inmueble, fue hallado un pozo para la explotación del preciado líquido, el cual era comercializado sin el permiso de las autoridades competentes; mientras que, en el segundo predio encontraron las válvulas que estaban conectadas al tubo de Essmar, las cuales fueron selladas para evitar su uso.
“Las conexiones clandestinas le hacen un gran daño a la ciudad. Como Ministerio estamos implementando un plan para llevar agua potable a la capital del Magdalena, para lograrlo uno de los frentes que debemos atacar es el robo de agua, identificando a los inescrupulosos que impiden que el agua llegue a los hogares samarios porque solo les interesa lucrarse con el líquido potable que proviene de la planta El Roble”, explicó el ministro de Vivienda.
De acuerdo con el reporte oficial, Castro y Paredes, fueron capturados en el momento que incurrían en el delito, que según la denuncia conocida por el ente de control dejaba sin servicio de agua a más de 44.000 habitantes de la ciudad, entre ellas, los residentes de Puerto Mosquito.
Teniendo en cuenta el material probatorio, el fiscal del caso le imputó a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravados y usurpación de aguas agravadas.
Pese a que no estarán en centro carcelario por el momento, los implicados portarán brazaletes electrónicos suministrados por el Inpec, deberán asistir cada 15 días a la estación de Policía de Mamatoco y no podrán visitar los inmuebles allanados.
