Por corrupción condenan a dos exgobernadores de San Andrés

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  • Por hechos relacionados, 18 personas más están privadas de la libertad

La Fiscalía General entregó un balance de varios procesos relacionados con corrupción en contratación registrados en el archipiélago de San Andrés, por los cuales han sido condenados dos exgobernadores y otras 18 personas están siendo investigadas. 

De acuerdo con el reporte, los exgobernadores Aury Socorro Guerrero y posteriormente Ronald Housni, se aliaron con contratistas como Fernando León Diez, y con funcionarios de la época como Cesar Augusto James Bryan, exsecretario general de la Gobernación, para entregarles la contratación de San Andrés y Providencia.

En este caso, los exmandatarios habrían recibido a cambio de ello el 10 por ciento de cada uno de los contratos otorgados y adicionalmente una remuneración económica por la gestión adelantada.

La exgobernadora Aury Guerrero aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y cohecho propio por 9 contratos.  En su alianza con los contratistas recibió $400 millones para su campaña a la gobernación a cambio de adjudicarles contratos de los que recibió el 10 por ciento de cada uno. Por lo que recibió una pena de 14 años de prisión.

De igual forma, el exgobernador Ronald Housni aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio y peculado por apropiación. Por lo anterior el exfuncionario recibió una pena de 15 años de prisión con el compromiso de retornar el dinero apropiado y que se generó con el cohecho.

El exgobernador Housni es investigado por cinco tipos de conductas que habrían ocurrido entre el primer semestre de 2015 y el 2017. En total el incremento patrimonial ascendió a $5.077.239.894.

Adicionalmente 9 personas entre exfuncionarios y contratistas se encuentran en etapa de acusación y todos tienen medida de aseguramiento en su contra.

La Fiscalía informó que por estos hechos fueron enviados a prisión: Ain Zulema Conolly, exjefe oficina jurídica de San Andrés; Luis Albeiro Urrego, supervisor de contrato; Elizabeth O ́Neill, supervisora de contratos; Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista y  Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista.

Asimismo, bajo detención domiciliaria fueron cobijados: Tatiana Pérez García, exsecretaria de planeación; Edelmira Archbold Hawkins, exsecretaria de educación; Alejandro Lozano Bowie, exsecretario de Infraestructura de San Andrés y Juan Diego Alvis Cotes, particular.

Por su parte, Cesar Augusto James Bryan, exsecretario general de la Gobernación, aceptó cargos por concierto para delinquir.

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