Por puestos de salud abandonados en Cartagena, Procuraduría formuló pliego de cargos al exalcalde Dionisio Vélez

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  • Las obras de construcción de 39 puestos de salud se encuentran abandonadas. 

Por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez; la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Martha Rodríguez, y el supervisor del contrato de interventoria del DADIS, Javier Martínez.

La alcaldía habría invertido $100.000 millones en el proyecto dirigido a la construcción de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para beneficiar a más de 470.000 habitantes, obras que hoy se encuentran suspendidas y en situación de abandono, lo que afecta la accesibilidad y óptima prestación del servicio esencial de salud en la ciudad.

El Ministerio Público le reprochó al exalcalde Vélez Trujillo la presunta omisión en la vigilancia y control del proyecto de construcción y adecuación de la Red Hospitalaria de Cartagena, lo que habría afectado la debida prestación del servicio público de salud a un sector vulnerable de población de La Heroica.

A la directora del Departamento Distrital de Salud la Procuraduría le formuló tres cargos, por presuntamente no contar con estudios y diseños previos completos, licencias urbanísticas y concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.

La Procuraduría reprochó a la exdirectora de Salud  no haber tomado decisiones correctivas, una vez se evidenciaron las fallas en la construcción, y además que presuntamente hubiera consignado en un documento oficial, situaciones que al parecer no correspondían a la realidad del proyecto.

Por su parte, a Javier Martínez le fueron imputados dos cargos. Uno por que no habría presentado informes de seguimiento a las obras, en los que debió advertir las presuntas fallas e  incumplimientos alertados por la supervisión.

En el segundo cargo, se le reprochó una presunta extralimitación de funciones al suscribir documentos del proceso contractual, sin que estuviera supuestamente facultado para ello.

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