¡Es un hecho! Iván Duque firmó ley que prohíbe el asbesto en Colombia

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  • El Gobierno tendrá cinco años para diseñar y proponer una política que suplante el asbesto que ya sido instalado.

Este jueves 11 de julio, se aprobó que a partir del 2021 “se prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y de los productos con él elaborados en el territorio nacional”,  señaló un comunicado de Presidencia.

De acuerdo con la normativa, el Estado tiene cinco años que serán contados desde la promulgación de la medida, para diseñar y proponer una política que suplante el asbesto que ha sido instalado.

El boletín deja en claro que desde la expedición de la norma no se podrá otorgar concesiones, licencias, eprmisos o prórrogas para la utilización de este material en el territorio colombiano.

Asimismo, establece una linea de atención integral para las personas que se han visto afectadas por este mineral, así como una explicación sobre los derechos y recursos con los que cuentan las víctimas para la ejecución de su tratamiento. También, se imputarán sanciones para quienes continúen explotando y comercializándolo.

El asbesto es utilizado principalmente en la fabricación de tejas, baldosas, papel, en los frenos de los vehículos, materias textiles termorresistentes, envases, paquetería, revestimientos y pinturas, entre otros.

Con este material, aumentan las posibilidades de sufrir de cáncer de púlmón, hígado, laringe, así como gastrointestinal y sus efectos pueden perdurar en el cuerpo entre 20 y 30 años.

Ante está decisión, Colombia pertenece al grpo de 57 países que ya prohibieron el uso del mismo, entre esos están Argentina, Uruguay y Chile, además de algunos miembros de la Unión Europea.

Cabe destacar que la ley crea la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, conformada por delegados de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía, y Trabajo, así como de Colciencias, un veedor ciudadano y un representante de las universidades, para supervisar el cumplimiento de la misma.

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