¿Procuraduría también inhabilitaría a los Concejales de Santa Marta?

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  • Luego de conocerse el fallo de la Procuraduría contra los cabildante de Valledupar, en la capital del Magdalena se abrió el debate por la similitud de los casos.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos a 16 de los actuales concejales de Valledupar. La decisión del Ministerio Público no sólo marca un hito sino además abrió la polémica en Santa Marta por la similitud del caso sucedido con los cabildantes de la capital del Magdalena. 

La decisión del Ministerio Público en la capital del Cesar fue argumentada por que los disciplinados incurrieron en falta al omitir el cumplimiento de sus funciones y deberes cuando eligieron como contralor municipal a Omar Contreras Socarras, sin considerar que dentro del año anterior había ejercido como Defensor del Pueblo del Cesar, por lo que se encontraba inhabilitado.

Una situación similar ocurrió en 2016 en Santa Marta. Los concejales a través del Acta Nº007 de 10 de enero de 2016 eligieron Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino como Contralor Distrital. Sin embargo, el Consejo de Estado revocó la sentencia del 22 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ordenó la nulidad del acto con que fue elegido Gutiérrez Ospino.

Esta decisión se dio porque, de acuerdo a los demandantes, existía una inhabilidad ya que Gutiérrez ocupó el empleo de nivel directivo en la Universidad del Magdalena, incluso después de ser elegido como contralor de Santa Marta por parte de los concejales.

Por esta razón se ha abierto la polémica de que la Procuraduría podría también tomar una decisión en ese mismo orden contra los cabildante samarios quienes votaron de manera positiva que Gutiérrez Ospino fuera contralor. 

Según fuentes consultadas por Revista7 aseguran que la decisión en la investigación por estos hechos pronto se hará efectiva con la inhabilidad a 18 concejales. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la investigación no ha tenido resultado puesto que los cabildantes se han hecho defender por algunos senadores de Barranquilla que tienen interés en que esta investigación no prospere.

Por su parte juristas han expresados que se ha confundido el caso con el de Valledupar, pues lo ocurrido en Santa Marta nunca existió una advertencia de la procuraduría que primero tuvo que acudir al contencioso administrativo para ver si estaba inhabilitado. Lo cierto es que la controversia está abierta, la última palabra la tendrá Procuraduría, mientras muchos cruzan los dedos para que no se siga empañando el año electoral.

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