La ‘guerra’ política por el agua en Santa Marta

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  • La disputa por la operación del servicio se ha convertido en el pan de cada día en la ciudad. Por  su parte los samarios luchan por tener el preciado liquido en sus casas.

Ver una motobomba en las puerta de las viviendas en Santa Marta se ha convertido en algo tan normal, como tropezarse con un vendedor de agua en cada esquina de la ciudad. No es cuestión de estratos si no de necesidad, más de 70 % de los barrios carecen del preciado líquido.

En medio de la crisis, que se acentúa en la capital del Magdalena, por la fuerte sequía y los bajos caudales de los ríos que la abastecen, una disputa política también se ha convertido en otro ingrediente de esta situación.

El pasado lunes el alcalde (e) Andrés Rugeles ratificó que Veolia en definitiva se iba de la ciudad y la operación del servicio de acueducto y alcantarillado, a partir del próximo 18 de abril, sería asumida por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar).

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Sin embargo, Rugeles solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos intervenir a Essmar, para “evitar una crisis en la operación y prestación del servicio”. De igual forma el Alcalde (e) solicitó al contralor general, Felipe Córdoba, realizar control excepcional al acuerdo firmado en los últimos días de 2018 para comprometer vigencias futuras hasta el año 2049 por más de $1.6 billones.

Se trata del acuerdo 029, expedido el pasado 28 de diciembre, mediante el cual, el Concejo de Santa Marta, otorgó facultades al entonces alcalde, Rafael Martínez, para comprometer los recursos. Este hecho, que para muchos podría ser el primer paso para solucionar la falta de agua potable, tiene al equipo del mandatario encargado con las alarmas encendidas.

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Otros de los hitos de esta situación político social, también la enmarca la inhabilidad del exalcalde Carlos Caicedo. El pasado 3 de abril, de nuevo por el tema del agua, el candidato a la Gobernación fue inhabilitado por 12 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos.

Según el Ministerio Público, el exmandatario incurrió en falta gravísima al celebrar dos contratos con la empresa Ingeniería del Caribe para la construcción de cuatro pozos en el año 2014, desconociendo los principios de contratación. A ello se sumó, que el contratista seleccionado incumplió con la ejecución de las obras.

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Las acciones tomadas por Rugeles y las decisiones de las autoridades no han sido bien recibidas por los líderes de Fuerza Ciudadana, quienes consideran que el Secretario de Transparencia viene a acomodar el negocio para favorecer a las familias tradicionales de la ciudad.

“Se han unido para con la intervención de la Essmar  y aliados a privados lograr burocracia y financiación para sus candidatos como en las viejas épocas de Metroagua. la propuesta del gobierno ciudadano consignado en el plan de desarrollo es que esta empresa sea de los samarios”, aseguró Caicedo.

El  exalcalde agregó que, “la prioridad del alcalde ilegítimo Rugeles en Santa Marta son los 890 mil millones de las vigencias futuras aprobadas para la ejecución de la solución definitiva del abastecimiento de agua con nuevas captaciones, optimización, planta desalinizadora, y redes de alcantarillado”.

Por su parte el senador Antonio Sanguino aseguró que “es extraño que en el caso de Martínez, se le hubiera dictado medida de aseguramiento preventiva, en un año electoral cuando él tiene unas facultades y unos recursos aprobados por el concejo para rematar su periodo de gobierno con una serie de contrataciones, entre otras, la de fortalecer la capacidad del acueducto que fue asumido por el Distrito, pues la operación estaba en manos de unas concesiones privadas que ellos habían heredado”.

Toda esta situación hace que por estos días en Santa Marta se está viviendo una ‘guerra’ política por el agua, donde el pulso de lado y lado se manifiestan. Mientras tantos los samarios solo esperan que la solución llegue pronto y que las motobombas en realidad sean cosas del pasado.

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