- 16 mandatarios regionales podrían ir a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en los contratos.
La Procuraduría anunció que está investigando a once gobernadores, dos exgobernadores, un alcalde y dos exalcaldes de diferentes regiones del país por presuntas irregularidades en la contratación de los Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El ente disciplinario asegura que por lo menos 600.000 estudiantes, entre niños, niñas y adolescentes, fueron afectados.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca por el partido de La U, es una de las investigadas junto a su secretaria de Salud porque, además de que se presentaron los mismos retrasos que en los otros departamentos, la mandataria habría escogido directamente al contratista, omitiendo la convocatoria pública a la que la obliga la ley.
Por la misma razón se investiga al exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, destituido el año pasado por irregularidades en el nombramiento del gerente del hospital local, indica El Espectador.
En Arauca la Procuraduría encontró que más de 300 menores habrían resultado intoxicados con alimentos que les dieron en la escuela. El gobernador de ese departamento, Ricardo Alvarado Bestene, también del partido de La U, no solo habría incurrido en los mismos retrasos que sus colegas, sino que, además, enfrentaría cargos por “presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos, y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión” del contrato del PAE, con un valor cercano a los mil millones de pesos.
Manuel Vicente Duque, el exalcalde de Cartagena que renunció al cargo desde la cárcel en 2017 y que ya fue inhabilitado el año pasado, está siendo investigado ahora porque habría inflado los precios en los contratos del PAE, generando sobrecostos por casi $200 millones, según la Procuraduría. Por estos cargos ya lo estaba buscando la Fiscalía desde diciembre de 218.
Entre los gobernadores en ejercicio se encuentran los de Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés, quienes podrían ir a juicio disciplinario por cuenta de los retrasos en la contratación de los servicios de alimentación.
