- El órgano de control calificó como gravísimas a título de dolo, las faltas cometidas por el disciplinado.
Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, fue sancionado e inhabilitado por 15 años, tras probarse los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, comportamiento que a juicio del ente de control estuvo dirigido a satisfacer intereses propios y de terceros, con la finalidad de obtener provecho económico, tomando distancia de los fines de la contratación estatal.
La Procuraduría comprobó el interés indebido del disciplinado para sacar provecho propio de los convenios No. 733 de 2013, proyecto de aplicación de ciencia, tecnología e innovación en carneros para mitigar efectos de los TLC por valor de $16.018.518.519; 734 de 2013, de investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del río Sinú, por $47.561.015.997; 735 de 2013, de investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano por $14.115.823.009, y 755 de 2013, de investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales por $8.078.373.937.
El órgano de control estableció que el exgobernador, el exdirector de Regalías, Jairo Alberto Zapa Pérez, y el representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, se reunieron para acordar comisiones a cambio de la celebración de los convenios. Dicha comisión se fijó en $12.000 millones de pesos pagaderos proporcionalmente según los desembolsos que se entregaban al contratista.
La Procuraduría también evidenció la falta de experiencia y conocimiento por parte de las entidades cooperantes cuando decidieron subcontratar la mayoría de las actividades que debían desarrollar, situación que quedó probada en el análisis efectuado por la Contraloría General de la República en su informe de auditoría especial.
Entre el material probatorio que permitió declarar probado el cargo está la confesión hecha por Lyons Muskus ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, sobre el acuerdo para la asignación de los convenios a cambio de un porcentaje de los recursos destinados a los proyectos.
El exgobernador reconoció haber recibido un pago por valor de $1.900 millones de pesos del representante de las entidades cooperantes, Jesus Eugenio Henao Sarmiento, a través de Sami Spath Storino.
En un tercer cargo, el Ministerio Público advirtió que existió concierto para delinquir, teniendo en cuenta que el disciplinado, estando en ejercicio de sus funciones, decidió concertarse con otras personas y servidores con el propósito de cometer delitos contra la administración departamental.
Entre las pruebas que llevaron al órgano de control a esta conclusión, está la confesión del exmandatario departamental, quien afirmó tener acuerdos previos con el senador Musa Besaile Fayad, para repartirse las exigencias ilícitas de dineros estatales a los contratistas con los que la administración departamental ejecutaría los proyectos de ciencia y tecnología; y con Jesus Eugenio Sarmiento (representante de las entidades cooperantes) y Jairo Alberto Zapa Pérez (exdirector de Regalías), para apropiarse ilícitamente de estos dineros.
Así mismo, se acreditó que dentro del plan para apropiarse de manera ilícita de los recursos provenientes de las regalías estaba la creación de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), entidad sin ánimo de lucro, constituida y representada legalmente en principio por Jesús Emilio Henao, en cuyo nombre se crearon cuentas bancarias para hacer efectivas las transferencias de los dineros.
Para tipificar las faltas, la Procuraduría tuvo en cuenta que Lyons Muskus aceptó su responsabilidad en los hechos y dio muestras de arrepentimiento por los delitos cometidos. El órgano de control reconoció que con sus declaraciones y colaboración logró establecer la responsabilidad de otros funcionarios públicos comprometidos en actos de corrupción en el departamento.
“Para este Despacho el arrepentimiento del servidor público y su disposición para que se alcance la verdad con su colaboración para el esclarecimiento de otras responsabilidades, es el primer cimiento del resarcimiento social al que está llamado por los pilares éticos que fundan la relación legal y reglamentaria derivados de la moralidad administrativa”, indicó el fallo.
