- La nueva ley de financiamiento daría vía libre para subir penas.
El Gobierno del presidente Iván Duque, le pondrá la “lupa” a los evasores de impuestos con medidas intramurales que van de los 10 hasta los 15 años. Así quedó estipulado en la ponencia del primer debate de la ley de financiamiento, que adiciona un nuevo capítulo de multas y sanciones para quienes cometan este delito, que por primera vez quedó tipificado en la reforma tributaria de hace dos años.
Quien lo comenta podría recibir penas de cárcel de entre 10 y 15 años, cifra que hoy no pasa de los 9 años. Asimismo, en la reforma se determina que quienes omitan activos por al menos $3.900 millones serían los potenciales imputables, cifra que actualmente está en $5.600 millones, es decir, habría un mayor margen para perseguir a quienes incurran en el ilícito.
En cualquier caso, además de pagar las penas privativas de la libertad, quien sea condenado tendría que cancelar una multa del 20% del valor del activo omitido.
Otra de las sorpresas que trae consigo el articulado de la ley de financiamiento, que seguirá su discusión el próximo lunes en el Congreso, es que aplica este accionar delictivo no solo a los contribuyentes evasores, sino también a quienes les ayuden a cometer el delito.
Según la norma “en las mismas penas incurrirán los miembros de junta o consejo directivo, representante legal, mandatario, revisor fiscal, asesor contables o tributario que consientan, toleren y/o asesoren la realización de alguno de los comportamientos”.
Vale aclarar que todo este paquete de medidas aplicarían específicamente para la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, que en otras palabras les permite a los contribuyentes rebajar los valores a pagar o los saldos a favor en su Imporrenta.
